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La crisis

Ninguna región se vio tan intensamente afectada por la pandemia como la de América Latina y el Caribe. Pese a que apenas cuenta con el 8% de la población mundial, en noviembre de 2021 alrededor del 17% de los casos reportados y el 29% de las muertes confirmadas por COVID-19 se habían registrado en la región. Las economías de América Latina y el Caribe cayeron un 6,7% en 2020 –casi el doble que el promedio global del 3,5%–. Se estima que 30 millones de personas perdieron sus empleos entre febrero y junio de 2020 (BID, 2021b), más de 55 millones de personas cayeron en la pobreza (BID, 2021c) y alrededor de 120 millones de niños perdieron en promedio un año de escolarización, lo que representa una pérdida de entre un 6,3% y un 10,5% del PIB (López Bóo et al., 2020). En esencia, la pandemia generó una triple crisis: en la salud, en la economía y en la sociedad.

Tras ver la propagación del COVID-19 de Asia a Europa y a Estados Unidos, los países de la región sabían que llegaría a América Latina y el Caribe. A inicios de abril de 2020, la mayoría de los países había implementado medidas de contención estrictas y políticas de cierre para intentar frenar la pandemia (Oxford Covid-19 Government Response Tracker), por el aparente éxito que medidas similares habían tenido para hacer más lento el ritmo de las infecciones y muertes en Estados Unidos y Europa durante el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, en América Latina y el Caribe el nivel de transmisión permaneció alto por un período mayor que en otras regiones (OCDE, 2020).

Los sistemas de salud de la región no estaban preparados para una pandemia que se moviera tan rápido. La respuesta inicial se vio obstaculizada por una capacidad limitada para realizar pruebas diagnósticas, así como para el seguimiento de contactos y el establecimiento de protocolos de aislamiento y cuarentena. La mayoría de los países simplemente carecían de los equipos, laboratorios, insumos, sistemas de información, personal y planificación necesarios para una respuesta efectiva.

La salud de la región también empeoró en 2020, aunque hubo mejoras para algunos grupos y enfermedades específicas. La mortalidad aumentó, no solo debido a los casos de COVID-19, sino también por los efectos indirectos de la pandemia. En 17 países de América Latina y el Caribe, en 2020 murieron más de 800 mil personas más que en años anteriores (The Economist Tracker).

En general, aumentaron las muertes por ENT. En Brasil, Chile y El Salvador se registró un aumento de muertes por diabetes mellitus, del 14%. Las muertes por hipertensión aumentaron casi un 11% en Brasil y en Chile, pero aumentaron un 49% en El Salvador (Gráfico 4). No se conocen del todo bien las causas detrás de estos aumentos en la mortalidad por condiciones crónicas, pero probablemente se trate de una combinación de interrupciones en los servicios de salud y complicaciones asociadas con el COVID-19 (Nota técnica: Más allá de la normalidad, 2022).

GRÁFICO 4: CAMBIO EN MUERTES POR CONDICIONES CRÓNICAS SELECCIONADAS DEBIDO A LA PANDEMIA: 2020 VERSUS 2015–2019

En algunos países empeoró la salud de los niños. En Guatemala, por ejemplo, la cantidad de niños con desnutrición aguda prácticamente se duplicó en 2020 en comparación con el promedio de los años anteriores (Nota técnica: Más allá de la normalidad, 2022). Sin embargo, en otros lugares la salud infantil siguió mejorando. Durante 2020, la mortalidad infantil siguió cayendo en la República Dominicana y Perú, un 16% y un 13% respectivamente, en relación con los promedios históricos. En Perú también cayó la desnutrición crónica, alrededor de un 7%, y la prevalencia de la anemia en niños menores de cinco años cayó casi un 11%.

En general, la salud materna enfrentó mayores riesgos. México, Colombia y Perú reportaron aumentos en la mortalidad materna, en gran parte atribuibles a complicaciones relacionas con el COVID-19 en mujeres embarazadas. Algunos estudios también han mostrado que, desde el comienzo de la pandemia, ha aumentado la probabilidad de que las mujeres embarazadas desarrollen depresión y ansiedad (Berthelot et al., 2020; Liu et al., 2021; Medina-Jimenez et al., 2020).

Resiliencia

La región debió adaptarse rápidamente para enfrentar la pandemia. Los gobiernos, los trabajadores de la salud, las empresas del sector privado y las comunidades respondieron de múltiples formas. Los gobiernos se esforzaron en adquirir los insumos necesarios aprobando legislación de emergencia para permitir adquisiciones no convencionales. El personal médico fue reentrenado y reasignado a salas de tratamiento de infecciones. Otros trabajadores de la salud y comunitarios recibieron entrenamiento y capacitación para realizar pruebas y para hacer seguimiento de contactos.

La infraestructura física fue reorganizada para limitar la propagación de la infección. Otras instalaciones –como estadios, campamentos de verano y hoteles– se adaptaron como hospitales de campaña o lugares de cuarentena. Se permitió, y muchas veces se animó, a los proveedores de salud a que ofrecieran consultas por teléfono o computadoras –lo que se conoce como telemedicina– como una forma de prevenir contactos potencialmente infecciosos y mantener otros servicios de salud (García Zaballos et al., 2020; gráfico 5).

Alrededor del mundo se desarrollaron nuevos protocolos médicos para tratar casos graves de COVID-19 que se divulgaron y adoptaron rápidamente en la región. Por ejemplo, los profesionales de la salud inicialmente creían que los pacientes con dificultades respiratorias debían ser conectados a ventiladores lo antes posible. La experiencia y la investigación subsiguientes mostraron que otras técnicas, algunas tan sencillas como poner a la persona boca abajo en lugar de apoyados sobre la espalda, podía llevar a mejores resultados reduciendo al mismo tiempo la demanda de ventiladores, que eran escasos.

La expansión de la capacidad diagnóstica de COVID-19 en la región fue lenta, en parte debido a limitaciones de equipos, insumos, laboratorios y personal capacitado. A medida que el mundo aumentaba su experiencia con esta nueva enfermedad, la región adoptó técnicas para hacer un mejor uso de los recursos limitados para la realización de pruebas diagnósticas y el seguimiento de contactos. Por ejemplo, algunos países usaron pruebas diagnósticas agrupadas, lo que permitía usar un único kit diagnóstico para un grupo de personas. Muchos países promovieron también el uso de aplicaciones de teléfonos para obtener información sobre personas que estuvieron en contacto con personas infectadas y síntomas para así mejorar la rapidez y efectividad del seguimiento de contactos (Smarter Crowdsourcing: Coronavirus 2020).

GRÁFICO 5: USO DE TELEMEDICINA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SELECCIONADOS

Fuente: cálculos de los autores a partir de registros administrativos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SINADIS) en Uruguay y Supersalud en Chile.

Recuperación

El COVID-19 aún está golpeando a la región, pero varios factores han ayudado a los países a reducir el número de muertes y a reanudar los servicios de salud. En 2020, los gobiernos asignaron más recursos para responder a la pandemia. El paquete fiscal promedio en la región fue del 8,5% del PIB, lo cual compensó en parte las caídas en la actividad económica, expandió el bienestar social y los programas de transferencias de ingresos, y financió servicios esenciales de salud. Parte de este gasto (o compromiso de gasto) incluyó acuerdos de compras por adelantado, lo que jugó un papel importante para obtener en 2021 el acceso a las vacunas (Amrita et al., 2020).

La llegada de las vacunas en 2021 fue probablemente el factor más importante para hacer más lenta la transmisión del COVID-19, reducir la gravedad de las infecciones, proteger a los trabajadores de la salud y reanudar los servicios preventivos y curativos. El despliegue de vacunas en América Latina y el Caribe fue inicialmente lento, pero hacia finales de 2021 casi la mitad de la población había recibido las dosis necesarias de la vacuna. Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay vacunaron a más de tres cuartos de sus poblaciones. Argentina (90%) y Chile (93%) lograron coberturas de vacunación que superan al promedio de la OCDE (77%). Otros países, sin embargo, siguen retrasados, con coberturas de vacunas por debajo del 50% de sus poblaciones.

Finalmente, con el tiempo, los sistemas de salud restablecieron sus cadenas de suministros, obtuvieron más insumos y equipos de diagnóstico, adoptaron nuevas tecnologías y reformularon sus protocolos para enfrentar los nuevos desafíos que presentó la pandemia. En consecuencia, algunos servicios de salud han retomado sus niveles históricos. Por ejemplo, en El Salvador, las pruebas de detección de cáncer cervical llegaron a su nivel prepandémico hacia el final del año, pero la caída previa generó una acumulación de casos no atendidos. Sin embargo, muchos servicios de salud seguían por debajo de sus niveles históricos. Por ejemplo, la atención de diabetes e hipertensión en Ecuador estuvieron un 16,7% y un 23,4% por debajo de sus promedios históricos durante 2020, respectivamente.